Uno de los grandes logros de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, promulgada el 7 de febrero de 2014, es la inclusión de los Fideicomisos y Fondos Públicos dentro de los nuevos sujetos obligados, es decir que tienen la obligación de dar a conocer el manejo de su administración ante la sociedad.
Como todo sujeto obligado, ahora estas instituciones están ordenadas a proveer un sistema para la publicación de la información ante la ciudadanía tan cual lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en su caso, las leyes de las entidades federativas que les correspondan.
La operación de estos organismos en la total opacidad y el manejo de recursos por la cantidad de más de un billón 700 mil pesos (aproximadamente el 7.5% del PIB), volvió necesaria su incorporación a la lista de los sujetos obligados en nuestro país, con ello contrarrestando la oportunidad de que algunos particulares tomaran a beneficio su operatividad y posibilitando a la sociedad para conocer más de estos organismos que sirven de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios económicos conforme a la voluntad del dueño y con efectos a futuro. Dicho en otras palabras es una alternativa para las personas con patrimonio cuantioso para vincular sus bienes en interés de otras personas.
Dentro del padrón de las instituciones públicas federales obligadas a observar las leyes de transparencia general y federal, actualizado a 2016 suman 411 de los cuales los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato equivalente casi representan la mitad de ellos; de éstos, 393 están sectorizados a las dependencias de la administración pública federal (APF) y 33 de ellos están en proceso de extinción.
Los fideicomisos que cuentan con personal para atender sus funciones suman 19 en todo México y se consideran instituciones paraestatales; de modo que se encuentran ordenados a instalar su propio comité de transparencia, así como una unidad de transparencia, de igual forma dar respuesta a solicitudes de información que reciban, además de capturar y actualizar la información de las obligaciones de transparencia en su portal de Internet correspondiente.
Al ubicarse a estas organizaciones dentro de la obligatoriedad de la transparencia y el derecho de acceso a la información se abre una oportunidad más a la sociedad para poder vigilar la operación tanto de los Fideicomisos y fondos públicos ya que los fondos que manejan incluye recursos que han sido acumulados con el paso del tiempo, como los fondos de pensiones, inversiones o de contingencias, es por ello que hablamos de un monto tan elevado que es importante vigilar como la sociedad apoyados a las instituciones de control y en su momento, podrán denunciar las irregularidades detectadas.
La participación de todos sin duda permitirá alcanzar un mejor sistema de rendición de cuentas que requiere nuestro país para combatir la corrupción y prevenir el mal uso de los recursos públicos.